El retraso en la aprobación de
la ley del Salario Social Básico ha obligado a la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social a prorrogar por segunda vez el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI)
que preveía su finalización el 31 de diciembre del 2004. La consejería, pensando
que la ley se iba a aprobar antes del verano, ya aprobó una primera adecuación
del IMI para que los beneficiarios pudieran seguir recibiendo la prestación en
el periodo transitorio hasta la entrada en vigor de la nueva ley.
Sin embargo, el salario social
no será aprobado, como muy pronto, hasta finales de octubre, porque el verano
interrumpe el periodo de sesiones en la Junta General del Principado. Las nuevas
perspectivas aconsejan buscar "las fórmulas más idóneas para ejecutar
actuaciones que cubran las necesidades sociales que se vayan presentando", según
la Consejería de Vivienda.
El Boletín Oficial del
Principado de Asturias (BOPA) publicaba ayer una resolución de la consejería que
gestiona Laura González en la que se da cuenta de la prórroga del IMI y se da a
los ayuntamientos un plazo para que presenten nuevos programas de inserción
formativo-laborales para su ejecución en el segundo semestre del 2005.
PRESUPUESTO
Para este fin la
consejería tramitó una modificación presupuestaria para transferir crédito del
salario social previsto para el 2005 hacia el IMI. En concreto, se transfieren
9,6 millones de euros que permiten "no solo acometer nuevos proyectos, sino
también llevar hasta una duración de 12 meses las prestaciones laborales
iniciadas en 2004 y mantener abierta la convocatoria en la modalidad social".
Las previsiones de la
consejería permiten que en los nuevos proyectos participen un máximo de 750
personas de toda Asturias. A la hora de repartir los recursos se tendrá en
cuenta el número de habitantes del concejo y la evolución histórica de las
personas beneficiarias, garantizando que todos los ayuntamientos tengan al menos
un beneficiario del IMI. Ya se han tramitado por el Consejo de Gobierno la
autorización del gasto para la cobertura de la ampliación de las prestaciones
laborales ya vigentes y para la ejecución de las nuevas que se proponen.
Cabe recordar que la primera
prórroga o adecuación del IMI consistió en una convocatoria puramente social
para dar cobertura a a situaciones de necesidades sobrevenidas al cierre de la
convocatoria ordinaria y durante todo el periodo de transición normativa, para
lo que se reservaron 4,4 millones.
Esta segunda convocatoria
mantiene la modalidad social y abre la puerta a la puesta en marcha de nuevos
proyectos de inserción con una duración máxima de seis meses.
El retraso en la tramitación de
la ley del Salario Social tiene su origen en la resistencia de los componentes
socialistas del Consejo de Gobierno respecto a que se reconozca esta prestación
como un derecho subjetivo sin que esté vinculado a ninguna dotación
presupuestaria, un planteamiento que defiende la propia consejería, en manos de
IU, además de los sindicatos.
Fuente de información:
LaVozdeAsturias
