La objeción de conciencia que ejercen parte de los médicos de la sanidad pública asturiana ha obligado a la administración a concertar operaciones de aborto con una clínica privada. Si a los facultativos les ampara la justicia a la hora de rechazar esas intervenciones, también actúan bajo derecho las mujeres que se ven obligadas a interrumpir su embarazo en los supuestos que recoge la ley.

En la colisión de ambos derechos hay un hecho igualmente claro: los médicos de la sanidad pública cobran del dinero de todos y por lo tanto se deben fundamentalmente a lo que el Estado legisle y al código deontológico. Su elección personal, sus motivaciones privadas, no interesan a los contribuyentes: en un país democrático siempre tienen la opción de trabajar en la sanidad privada, mientras que hay ciudadanos que no se pueden pagar una intervención de su bolsillo. Porque el resultado de su objeción no es que haya menos abortos --por otra parte, mucho más dolorosos para las mujeres que se ven obligadas a adoptar la decisión-- sino más gasto innecesario del presupuesto público y, lo que es más importante, más estrés y sufrimiento para quienes se veían obligadas hasta ahora a viajar fuera de la comunidad.